Hermosillo, Son., abril 27 de 2023.- La LXIII Legislatura del Estado de Sonora clausuró esta tarde su segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio constitucional, con la aprobación, por mayoría, de la Ley 3 de 3, para que las personas con antecedentes de violencia familiar, delitos sexuales, violencia de género, deudores alimentarios y agresores por incumplimiento de obligaciones, no puedan ocupar cargos públicos o de elección popular.
La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales presentó al Pleno el dictamen, previa solicitud a la Presidencia, por parte del diputado Jacobo Mendoza Ruiz, de incluir el asunto en el orden del día, para lo cual se dio un receso en la sesión, a efecto de que las y los integrantes de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, analizaran dicha petición.
La parte expositiva del dictamen establece que este se fundamenta en el escrito que, el 29 de noviembre de 2022, fue turnado a dicha dictaminadora, presentado ante esta Soberanía por las integrantes de la coordinación estatal del colectivo “Observatoria Ciudadana Todas_MX”, con iniciativa popular para que el Congreso del Estado legislara en materia de la 3 de 3 contra la violencia hacia las mujeres.
La Ley, que será enviada a los 72 ayuntamientos para su aprobación, reforma la fracción I del apartado B del Artículo 2°; el Artículo 27; la fracción IX del Artículo 33; el párrafo segundo de la fracción XV del Artículo 64; la fracción VII del Artículo 70; el párrafo cuarto del Artículo 113; el segundo párrafo del Artículo 120; el Artículo 121; el primer párrafo del Artículo 126; el inciso B) del Artículo 127 BIS; las fracciones IV y V del Artículo 132; el Artículo 142; y se adiciona un inciso G) al párrafo sexto del Artículo 127 BIS, todos de la Constitución Política del Estado de Sonora.
En los considerandos del dictamen establece que el servidor público debe cumplir con ciertos requisitos que demuestren que tiene el perfil idóneo para ser designado o electo al cargo y que proyecte confianza, especialmente a los cargos de Diputada, Diputado, Gobernadora, Gobernador, Magistrada, Magistrado, Consejera o Consejero de la Judicatura, y quienes se desempeñen como regidoras o regidores, ya que estos deberes conllevan una gran responsabilidad ante la sociedad.
“Toda vez que son los responsables de velar por la protección y los derechos de las y los sonorenses, por lo tanto, las personas que aspiran a ocupar un cargo público, de acuerdo a la función a desempeñar, deben configurar un perfil libre de actos de violencia en razón de género y de no ser deudores alimentarios”, agrega.
Se considera que, a través de la 3 de 3 contra la violencia, se instrumenta una medida reglamentaria que posibilitará garantizar a la ciudadanía y a la sociedad en su conjunto, que las personas que los partidos políticos postulan en las candidaturas, no detenten antecedentes que, por su naturaleza, sean indicativos de que la persona aspirante a la titularidad de una candidatura a cargo de elección popular, es proclive a ejercer conductas constitutivas de violencia en contra de la mujer por razón de género, destaca en el dictamen.
En otro de los considerandos señala que se ha tomado en cuenta la importancia de fortalecer las instituciones públicas mediante reformas para que las personas que tengan antecedentes penales en materia de violencia familiar, delitos contra la intimidad personal, contra la imagen personal, violencia laboral contra las mujeres, violencia obstétrica, violencia por parentesco, violencia institucional, hostigamiento sexual, acoso sexual, abuso sexual, estupro, violación o feminicidio, y deudor alimentario moroso, no puedan participar dentro de los procesos de elección pública.
En todas las modificaciones relativas a la designación de comisionados del ISTAI, diputados, gobernador, magistrados y otros, se establece lo siguiente:
Deberá contemplar entre los requisitos de idoneidad para el cargo, no haber sido persona sancionada o condenada mediante resolución firme por violencia familiar o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público, por delitos sexuales contra la libertad sexual o la intimidad corporal y no ser deudor alimentario moroso, salvo que acredite estar al corriente del pago o que cancele en su totalidad la deuda, y que no cuente con registro vigente en algún padrón de deudores alimenticios.
En la discusión en lo particular del dictamen, la diputada Rosa Elena Trujillo Llanes reservó diversos artículos del proyecto y en todos propuso agregar: “no estar sujeto o vinculado a proceso”, postura que fue respaldada por la diputada Sagrario Montaño Palomares, a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, por considerar, expuso, que los derechos de las mujeres deben de ser protegidos por la Ley”.
Dichas reservas no contaron con los votos suficientes y el proyecto se
aprobó
por mayoría como lo presentó la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Reforman Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y Ley de Educación
En esta última sesión ordinaria, el Pleno aprobó dos dictámenes más, cinco acuerdos, el Decreto que clausuró el segundo periodo y la Presidencia turnó a comisiones diversas iniciativas presentadas por diputadas y diputados.
El primer dictamen aprobado fue presentado por la Comisión para la Igualdad de Género y contiene proyecto de Decreto que reforma la fracción II del Artículo 5 de la Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para el Estado de Sonora, para quedar como sigue:
II.- La violencia física. - Es cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la fuerza física o algún tipo de arma, objeto, ácido o sustancia corrosiva, cáustica, irritante, tóxica o inflamable o cualquier otra sustancia que, en determinadas condiciones, pueda provocar o no lesiones ya sean internas, externas o ambas.
“Sin duda, la violencia hacia las mujeres en México y en el mundo se ha diversificado; actualmente, una de estas modalidades y/o forma son los ataques con ácido en donde, por lo general, las mujeres son las víctimas y los hombres los agresores”, establece uno de los considerandos del dictamen que se elaboró con base en una iniciativa presentada el 1 de diciembre de 2022 por la diputada Elia Sahara Sallard Hernández.
El segundo dictamen, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Educación del Estado de Sonora, se elaboró con base en tres iniciativas: la primera denominada “mesabancos en espera”, presentada por las diputadas Margarita Vélez De la Rocha y Rosa Elena Trujillo Llanes; la segunda adiciona un párrafo segundo al Artículo 44 de la legislación, presentada por el diputado Óscar Eduardo Castro Castro; y la tercera presentada por la diputada Beatriz Cota Ponce y el diputado Fermín Trujillo Fuentes.
La dictaminadora decidió presentar un solo resolutivo, en el cual destaca que, la iniciativa de las diputadas Vélez y Trujillo, tiene como fin garantizar el derecho humano de acceso a la educación básica y media superior, de toda niña, niño y adolescente migrante de nacionalidad mexicana o extranjera, menor de 18 años, para que las autoridades educativas prioricen el interés superior de la niñez sobre cualquier requisito o trámite administrativo en el sistema educativo estatal.
La iniciativa del diputado Castro Castro tiene como propósito establecer medidas para brindar una mayor cobertura en la educación superior que se imparte en el Estado, mediante el uso de las plataformas digitales y las herramientas con las que cuenta cada institución superior, para que dichas instituciones educativas incrementen la cantidad de cupos en su planilla estudiantil, e impartan educación a distancia y semi presencial.
Finalmente, la iniciativa de la diputada Cota Ponce y el diputado Trujillo Fuentes, tiene la finalidad de que la autoridad educativa estatal haga uso de sus facultades legales para que, en los planes y programas de estudio que se imparten en el Estado, se incluyan contenidos regionales referentes al cuidado del agua y su uso responsable; que cuenten con características claras, sistemáticas y organizadas, que permitan a los docentes sonorenses fomentar en las nuevas generaciones el aprendizaje sobre el uso razonable del agua.
De los cinco acuerdos aprobados en esta última sesión, el primero se refiere a la convocatoria pública para designar a las o los titulares de los órganos internos de control del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Público y Protección de Datos Personales, ISTAI, y del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, IEE Sonora.
Enseguida fue aprobado el Acuerdo presentado por las y los integrantes de la Comisión del Deporte, mediante el cual el Congreso del Estado resuelve emitir un respetuoso exhorto al Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, para que escuche y atienda el sentir de los diversos grupos de deportistas y colectivos ambientalistas de la sociedad civil hermosillense, con referencia a la intención de utilizar infraestructura deportiva de la ciudad para obras distintas a las que originalmente fueron destinadas.
El tercer Acuerdo, que fue presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, resuelve aprobar la renuncia del ciudadano Jesús Alberto Pérez Estrada, al cargo de Regidor Propietario del Ayuntamiento de General Plutarco Elías Calles, Sonora, y convocar al regidor suplente, Isaías Brena Magaña, dejando sin efectos el Acuerdo 154, aprobado por esta Soberanía el 15 de noviembre de 2022.
Siguió la presentación, por parte de las diputadas integrantes de la Comisión para la Igualdad de Género, de la convocatoria pública para ocupar el cargo de titular de la Unidad Técnica para la Igualdad de Género del
