Para conocer los avances y retos en la implementación del nuevo sistema de justicia laboral en el Estado de Sonora, los integrantes de la Comisión de Asuntos del Trabajo sostuvieron una reunión con los encargados de dicha materia en el Supremo Tribunal de Justicia. El diputado Sebastián Antonio Orduño Fragoza, presidente de la Comisión de Asuntos del Trabajo, recibió al magistrado Javier Enríquez Enríquez, quien acudió con la representación del presidente del STJ, magistrado Rafael Acuña Griego, así como a la directora general de proyectos especiales, Marina Guadalupe Marín Torres. El legislador destacó la importancia de conocer, de manera directa, cuál es el status que guarda la implementación del nuevo modelo, de identificar los retos pendientes de resolver y de trabajar en conjunto con todos los niveles de gobierno, para que el 3 de octubre del presente, en Sonora estén perfectamente sentadas las bases de una administración de justicia laboral no solo pronta, sino expedita e imparcial en beneficio de los trabajadores y empleadores de la entidad. “A raíz de la reforma constitucional al Artículo 123 publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 1 de mayo de 2019, el modelo de justicia laboral que hoy conocemos presentó el cambio más radical en la forma de administrar la justicia laboral en nuestro país”, expresó. Con dicha reforma cambió el modelo tripartita creado en las juntas de conciliación y arbitraje, dependientes de los poderes Ejecutivo Federal y estatal, en sus respectivas competencias, dijo, para migrar a un nuevo modelo donde la justicia laboral estará a cargo de jueces dependientes del Poder Judicial de la Federación y de los estados, también en sus respectivas competencias. El Presidente de la Comisión de Asuntos del Trabajo agregó que el Estado de Sonora se encuentra en la tercera y última etapa del modelo de implementación de justicia laboral, y el pasado 18 de enero se determinó prorrogar la fecha de entrada en vigor, que inicialmente sería el 1 de mayo para quedar el 3 de octubre del presente. “El reto no es fácil; el Poder Judicial del Estado no solo se encargará de las demandas que presenten, por diferente índole, las y los trabajadores del Estado, sino también las demandas de carácter colectivo promovidas por las distintas organizaciones sindicales en nuestro Estado. Será también una responsabilidad de los jueces de lo laboral, razón por la cual el nuevo modelo de relaciones colectivas de trabajo depende en gran medida de la correcta implementación del nuevo sistema de justicia laboral por instaurarse”, aseveró. Se indicó que en la parte que corresponde al Poder Legislativo, en la anterior Legislatura se aprobó la Ley que crea el Centro de Conciliación Laboral para el Estado de Sonora, así como la reforma constitucional que establece la facultad de conocer y resolver controversias de carácter laboral en el Estado, con lo cual el Poder Ejecutivo dejará de recibir esta clase de asuntos, y el Decreto que reformó la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la cual quedó establecido cómo se administrará y aplicará el nuevo modelo. El magistrado Javier Enríquez Enríquez coincidió que sí se trata de un cambio muy radical, pues las juntas de conciliación y arbitraje tienen prácticamente un siglo de existencia y el Constituyente Federal consideró que a estas alturas no es el sistema adecuado para impartir justicia en esta materia, por lo cual decidió cambiar para instaurar un nuevo sistema de justicia laboral. “A la fecha tienen una triple función las juntas de conciliación, ya que por un lado tienen la función de resolver los conflictos individuales y colectivos de trabajo surgidos entre la clase trabajadora y la clase patronal; tienen otra función, que tiene que ver con la conciliación de los conflictos surgidos entre estos dos organismos; y el registro de los contratos colectivos de trabajo y de las asociaciones sindicales”, externó. Ahora se trata de un nuevo sistema mediante el cual se trasladará del Poder Ejecutivo a los poderes judiciales, tanto Federal como locales, la resolución de los conflictos tanto individuales como colectivos de trabajo, indicó, lo que significa confiar a los poderes judiciales la noble tarea de impartir justicia en esta materia. El Magistrado agregó que lo que tiene que ver con el registro de los contratos colectivos y de las asociaciones sindicales se trasladó a la Federación y será a través del Centro de Conciliación Federal, mientras que los estados sí tendrán la función relativa a la conciliación, la cual será obligatoria. Enríquez Enríquez presentó a detalle la manera cómo se trabaja para la implementación del sistema de justicia laboral y la idea es que los tribunales laborales inicien con carga cero a partir del 3 de octubre de 2022, mientras que las juntas de conciliación seguirían conociendo de los asuntos que se presenten hasta el 2 de octubre del presente. Se crearán siete distritos judiciales para la materia laboral en los municipios de Navojoa, Ciudad Obregón, Guaymas, Hermosillo, Nogales, Puerto Peñasco y San Luis Río Colorado, Sonora para la atención de los asuntos en los tribunales laborales que iniciarán funciones el 3 de octubre de este año. Expuso que se incluyó en la Ley Orgánica del Poder Judicial una redistritación específica para efectos de la materia laboral, ya que no podían abrir tribunales laborales en cada uno de los 16 distritos ya establecidos para las materias penal tradicional, oral, mercantil, civil y familiar. “Por un lado la intención es no alejar más la justicia laboral del usuario, del justiciable, respecto a qué lugares se está recibiendo, de tal manera que tomamos como parámetro dónde existen juntas de conciliación y precisamente en esos lugares es donde se van a instalar los tribunales laborales”, afirmó el representante del Poder Judicial. A esta reunión asistieron los diputados Natalia Rivera Grijalva, Ivana Celeste Taddei Arriola, Luis Arturo Robles Higuera, Alma Manuela Higuera Esquer y Rebeca Irene Silva Gallardo, quienes hicieron preguntas a los invitados especiales y reconocieron el trabajo que se lleva a cabo para la implementación del nuevo modelo de justicia laboral en el Estado de Sonora.
