Con base en las conclusiones contenidas en el Informe de Resultados, el Pleno del Congreso aprobó el dictamen respecto a la calificación de la Cuenta Pública del Gobierno del Estado correspondiente al ejercicio fiscal 2021, con una puntuación de 86.50 y en el cual destaca que no se aprueban las cuentas públicas de la Comisión Estatal del Agua, CEA; del Fondo de Operación de Obras Sonora SI; del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, ISSSTESON; y de la Universidad Tecnológica de Etchojoa. En esta sesión ordinaria también fue aprobado el dictamen presentado por la Comisión de Fiscalización, con relación al Informe de Resultados sobre la calificación de las cuentas públicas de los 72 municipios, del cual se desprende que se aprueban 55 y no aprueban las de Altar, Átil, Bacadéhuachi, Bácum, Baviácora, Cumpas, Empalme, Huatabampo, Naco, Nacozari de García, Quiriego, Sahuaripa, San Ignacio Río Muerto, San Pedro de la Cueva, Santa Cruz, Villa Hidalgo y Villa Pesqueira. Con motivo de la aprobación de la Ley número 2, que reforma y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora y que entró en vigor el 5 de noviembre de 2021, la Cuenta Pública del Estado está sujeta ahora a la calificación de esta Soberanía, para lo cual el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, ISAF, estableció una metodología y un sistema de puntuación con base a las auditorías realizadas a cada Poder, dependencia, entidad y organismos autónomos, lo que dio como resultado una puntuación aprobatoria de 86.50. El Acuerdo aprobado relativo a la cuenta estatal establece que, el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, ISAF, deberá dar seguimiento a cada una de las observaciones y salvedades señaladas en el Informe de Resultados del ejercicio fiscal 2021 y, en caso de no solventarlas, en términos de lo que marca la Ley en la materia, deberá promover ante las autoridades competentes los procedimientos de responsabilidad que resulten procedentes en cada caso, mismo sentido del Acuerdo sobre las 17 cuentas municipales no aprobadas. La lectura del dictamen con relación a la Cuenta Pública del Estado estuvo a cargo de la diputada Natalia Rivera Grijalva, y de los diputados Ricardo Lugo Moreno y Óscar Castro Castro, mientras que el de las cuentas públicas de los 72 municipios lo leyó la diputada Diana Karina Barreras Samaniego. “Como comisión presentamos un plan de trabajo cumpliendo puntualmente con lo que establece la Ley Orgánica del Poder Legislativo; presentamos informes de trabajo, aun cuando no somos una comisión dictaminadora y hemos tenido trece sesiones de trabajo durante este año, y son no solo totalmente públicas, sino que son totalmente publicitadas, para que ante los ojos ciudadanos se discutan ampliamente las cuentas públicas”, aseveró la diputada Rivera Grijalva, presidenta de la Comisión de Fiscalización. Posicionamientos de los grupos parlamentarios Los grupos parlamentarios presentaron posicionamientos sobre el Informe de Resultados de la Cuenta Pública del Estado correspondiente al ejercicio fiscal 2021. En primer término, la diputada Ernestina Castro Valenzuela subió a la tribuna para presentar el del grupo parlamentario de MORENA. Afirmó que, de las mil 150 auditorías realizadas a 219 entes públicos estatales, se señalan mil 750 observaciones, de las cuales faltan por solventar 641, además de que la variación presupuestal es una de las varias anomalías que la revisión al ejercicio 2021 arroja, al igual que la deficiencia organizativa, la falta de rigor en el gasto de obra pública, entre otros aspectos que es necesario aclarar con mayor transparencia. “Se trata de un catálogo de observaciones que va desde un deficiente sistema de contabilidad gubernamental, pasando por boquetes en el sistema de archivos, hasta el exceso en sueldos fuera de rango, deficiencias en la obra pública, falta de evidencia, simulaciones, pagos indebidos, hasta la inexistencia de apoyos no entregados a la población”, aseveró. Por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, el diputado Iram Leobardo Solís García dijo que, en diversas secretarías se observó que el sujeto obligado no aplicó medidas para racionalizar el gasto, toda vez que comprometieron recursos superiores al monto autorizado en el Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2021. “Se observa la existencia de saldos por pagar que ascienden a 326 millones 776 mil 619 pesos, con antigüedad considerable proveniente de los ejercicios 2012, 2015, 2017, 2018, 2019 y 2020 en los Servicios de Salud de Sonora, y se observó que dependencias no presentaron autorización para el pago de adeudos fiscales anteriores por parte de la Secretaría de Hacienda, por diversos montos”, expresó. Por el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, la diputada Rosa Elena Trujillo Llanes aseguró que, aprobar la cuenta pública no significa aprobar la gestión de ningún gobierno, pues eso solo lo pueden hacer los ciudadanos; tampoco significa votar y voltear a otro lado, cuando de los documentos analizados destacan 641 observaciones. “El 2021 arrojó que la Secretaría de Hacienda incumplió la Ley de disciplina financiera por casi mil 300 millones de pesos, al incrementar las ADEFAS (adeudos de ejercicios fiscales anteriores) y tratar de esconderlo en la partida 79901, erogaciones no sectorizables, sin embargo esto no solo no es detectado por el ISAF en ese informe, sino también por la propia Auditoría Superior de la Federación, donde hay una observación por presunto daño patrimonial por más de mil 700 millones de pesos aun sin solventar”, externó. La diputada Alejandra López Noriega presentó el posicionamiento del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con el que afirmó que, en muchas ocasiones, por la curva de aprendizaje, factores políticos y otros motivos, se dejan de solventar observaciones y esto causa una burbuja que no permite realizar un análisis más apegado a la realidad de los órganos fiscalizados. “Seguiremos impulsando cambios a los sistemas de fiscalización estatal para que se redoblen esfuerzos que nos lleven a dar al ciudadano un estado funcional, que cumpla con la Ley y que gaste el dinero de los sonorenses con responsabilidad; no dejaremos de exigir respuestas y acciones para que exista la mayor transparencia y rendición de cuentas, pues solo así podremos estar a la altura de los sonorenses, que piden y necesitan que su dinero sea bien administrado”, aseguró. Por el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la diputada Claudia Zulema Bours Corral señaló que existe un claro desastre administrativo, pues en la pasada administración estatal no existía orden, por lo que ese desastre externo se veía día a día y posiblemente hubiera habido más observaciones, pero desafortunadamente nunca hicieron obra pública, señaló. “Enfocaremos nuestro esfuerzo en dar puntual seguimiento a las denuncias que deberán presentarse y que se repare el daño causado en las arcas de la entidad; caiga quien caiga, no permitiremos actos de corrupción”, exteriorizó. El diputado Fermín Trujillo Fuentes presentó el posicionamiento a nombre del grupo parlamentario de Nueva Alianza Sonora, en el que expuso que los diputados son co partícipes de la buena o mala administración de los recursos públicos en la función de fiscalizar o no, de recomendar o no, por eso en la Comisión de Fiscalización asumieron un nuevo código de comportamiento: más comunicación en el sitio, un lenguaje ciudadano, tres comparecencias que no se habían tenido en anteriores legislaturas y otras adecuaciones. “Es importante que digamos: estamos evaluando un gobierno que sale y un gobierno que entra; la 63 Legislatura tiene el privilegio de ser la que evalúa una cuenta de un gobierno que se va y uno que entra; la 64 no va a tener ese privilegio y hasta la 65 habrá la oportunidad de evaluar qué pasó con el plan estatal de desarrollo de periodos atrás que conocemos y este que está en curso, del que somos, porque lo que aquí aprobamos en el presupuesto tiene que ver con el plan estatal de desarrollo”, afirmó. La diputada Paloma María Terán Villalobos presentó el posicionamiento del grupo parlamentario del Partido Encuentro Solidario con el cual indicó que la pasada administración estatal incurrió en irregularidades en la hacienda pública, ya que el último año no se destinaron los recursos correspondientes al pago del adeudo histórico del ISSSTESON, y esta administración estatal, que inició en septiembre de 2021, se ha hecho cargo de exponer los desvíos y robos para transformarlos en resultados que recuperen la confianza de la gente. “En obras no se queda atrás el tema, ya que la pasada administración, en materia de infraestructura cuenta con observaciones millonarias no solventadas y algo debe quedar muy claro: vender inmuebles que son patrimonio estatal y usarlo como gasto corriente, eso es lo que representa el último año de la anterior Gobernadora, que dejó solo deudas y malversación de fondos”, expresó. Aprobados planos y tablas de valores de los municipios En esta sesión ordinaria también fue aprobado el Decreto que aprueba las propuestas de planos y tablas de valores unitarios de suelo y construcción, presentadas por diversos ayuntamientos del Estado para el ejercicio fiscal 2023, dictamen que elaboró la Comisión de Presupuestos y Asuntos Municipales. Se aprueban las de los municipios de Aconchi, Agua Prieta, Álamos, Altar, Arizpe, Átil, Bacerac, Bácum, Bacoachi, Banámichi, Benito Juárez, Benjamín Hill, Caborca, Cananea, Carbó, Cucurpe, Cumpas, General Plutarco Elías Calles, Huachinera, Huépac, Ímuris, La Colorada, Magdalena, Mazatán, Moctezuma, Nácori Chico, Nacozari de García, Nogales, Ónavas, Pitiquito, Quiriego, Rayón, Sahuaripa, San Felipe de Jesús, San Ignacio Río Muerto, San Javier, San Miguel de Horcasitas, San Pedro de la Cueva, Santa Cruz, Sáric, Suaqui Grande, Tepache, Trincheras, Ures y Villa Pesqueira, Sonora. Las propuestas aprobadas servirán de base para el cobro de contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, tanto de predios urbanos como rurales, así como construcciones que se encuentren ubicados dentro del territorio de los municipios mencionados, conforme a las disposiciones de la Ley de Hacienda Municipal y de las respectivas leyes de ingresos. El dictamen, al que dieron lectura las diputadas Margarita Vélez De la Rocha y Rebeca Irene Silva Gallardo, establece que en los municipios de Arivechi, Bacadéhuachi, Bacanora, Baviácora, Bavispe, Divisaderos, Fronteras, Granados, Guaymas, Huásabas, Naco, Navojoa, Opodepe, Oquitoa, Rosario, San Luis Río Colorado, Santa Ana, Soyopa, Tubutama, Villa Hidalgo y Yécora, Sonora, durante el ejercicio fiscal 2023, se aplicarán los planos y tablas de valores unitarios de suelo y construcción aprobados para el ejercicio fiscal 2022. Lo anterior con base a los términos dispuestos por el Artículo 51 de la Ley Catastral y Registral para el Estado de Sonora, al no cumplir con la obligación de presentar propuesta de planos y tablas de valores conforme a lo dispuesto en el primer párrafo del Artículo 50 de la Ley Catastral y Registral para el Estado de Sonora. En los municipios de Hermosillo, Cajeme, Empalme, Etchojoa, Huatabampo y Puerto Peñasco, Sonora, durante el ejercicio fiscal 2023, se aplicarán los planos y tablas de valores unitarios de suelo y construcción aprobados para el ejercicio fiscal 2022, en los precisos términos dispuestos por el Artículo 51 de la Ley Catastral y Registral para el Estado de Sonora, al no justificar la propuestas de planos y tablas de valores, conforme a lo dispuesto en el Artículo 49 y demás disposiciones jurídicas aplicables de la Ley Catastral y Registral para el Estado de Sonora. El Decreto entrará en vigor el 1° de enero de 2023, previa su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.
